El debate sobre la permanencia o retiro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) es uno de los temas más complejos y polarizados en la política latinoamericana. Y no deja de mencionarse en los debates presidenciales peruanos rumbo a las elecciones 2026. Para analizar si "conviene" o no, es necesario revisar los datos objetivos, el impacto jurídico y la realidad histórica. A continuación nuestra Unidad de Investigación nos deja algunos considerandos que pueden ayudar a tomar una mejor decisión electoral en abril próximo.
1. El caso de Venezuela: ¿Le ha ido mejor?
Desde una perspectiva técnica y humanitaria, la respuesta de los organismos internacionales es unánimemente negativa. La salida de Venezuela en 2013 no detuvo las denuncias; por el contrario, eliminó la última instancia de protección legal para sus ciudadanos.
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Pérdida de protección: Al retirarse de la Corte IDH, los venezolanos perdieron la posibilidad de acudir a un tribunal imparcial cuando el sistema de justicia interno fallaba.
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Aumento de denuncias: Según la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la ONU, tras el retiro, se registró un incremento exponencial en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura.
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Aislamiento Internacional: Venezuela no "escapó" del escrutinio. Al no estar bajo la Corte IDH, se activaron mecanismos más severos, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
2. Las contradicciones ideológicas: ¿Derecha o Izquierda?
Aunque Ud., no lo crea hay un contrapunteo de culpabilidades:
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Hugo Chávez (2013): Se retiró alegando que la Corte era un instrumento del "imperialismo norteamericano" y la "derecha".
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Sectores en Perú (Actualidad): Argumentan que la Corte responde al Foro de São Paulo y al "socialismo internacional".
¿Qué dicen las evidencias? La Corte IDH ha emitido sentencias que han incomodado a gobiernos de todo el espectro político:
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Contra la Izquierda: Ha condenado a Venezuela y Nicaragua por represión y falta de democracia.
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Contra la Derecha: Ha condenado estados por amnistías a militares o violaciones de derechos indígenas.
La evidencia sugiere que la Corte no obedece a una ideología, sino al Control de Convencionalidad. Las críticas suelen surgir cuando una sentencia choca con los intereses políticos del gobierno de turno, independientemente de si es de izquierda o derecha.
3. Análisis: ¿Conviene retirarse?
Para evaluar la conveniencia, hay que mirar los dos lados de la balanza:
Argumentos a favor del retiro (Soberanía)
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Soberanía Jurídica: El Estado recupera la última palabra en sus decisiones judiciales sin interferencia externa.
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Margen de Maniobra: Permite aplicar políticas que la Corte prohíbe (ej. pena de muerte o leyes de amnistía específicas).
Argumentos en contra del retiro (Riesgos)
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Desprotección Ciudadana: La Corte IDH es el "seguro de vida" de los ciudadanos frente al abuso de poder del Estado. Si el Poder Judicial local se corrompe o es capturado, no queda instancia de apelación.
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Impacto Económico: Muchos tratados de libre comercio y créditos internacionales (como con la Unión Europea) incluyen cláusulas de respeto a los derechos humanos y permanencia en sistemas regionales. Salirse podría afectar la calificación crediticia y las inversiones.
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Efecto Paria: Históricamente, solo países con regímenes autoritarios o crisis democráticas profundas se han retirado (Venezuela, Nicaragua, y en su momento el Perú de Fujimori, aunque luego se reincorporó).
¿Quién tiene la razón?
No hay una "verdad" única, sino una elección de prioridades:
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Si la prioridad es la soberanía absoluta del Estado y la capacidad de las mayorías políticas para decidir sin límites externos, el retiro parece lógico.
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Si la prioridad es la protección del individuo frente a posibles abusos de cualquier gobierno (presente o futuro), la permanencia es indispensable.
Conclusión: La evidencia histórica (Venezuela y Nicaragua) muestra que el retiro no ha mejorado la calidad de vida ni el respeto a los derechos humanos de sus habitantes. Al contrario, ha servido para consolidar regímenes donde el ciudadano no tiene a quién acudir cuando el Estado vulnera sus derechos fundamentales.
UDI/JCR
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