En un extremo del continente donde los relojes giraban hacia atrás y los archivos judiciales se borraban con el rocío de la madrugada, existe un país llamado Perú. No es un país cualquiera: aquí la impunidad no es una anomalía, sino una señora de luto perpetuo que pare presidentes, congresistas, ministros, jueces y generales con la facilidad con que los sauces paren hojas en abril.
Los decretos se escriben con tinta invisible, y los fiscales los firman con plumas de colibrí, que al contacto con la luz del sol se desvanecen. O, cual dráculas, a propósito de Halloween, al amanecer ante el reflejo de la luz del sol, se debilitan y desaparecen. Las leyes, como los espejos de los brujos, reflejaban lo que el poder quiere ver, no lo que el pueblo necesita. En los pasillos del Palacio de Justicia, los expedientes danzan solos, y los jueces dictan sentencias que el viento se lleva a las montañas, donde los cóndores los usan como nido.
Cada vez que alguien grita “¡Corrupción!”, el eco responde “¡Prescripción!”. Y así, los culpables se convierten en fantasmas con inmunidad diplomática, paseando por los mercados, bendecidos por la ceguera institucional. Así, no hay restricción que valga para extremistas de izquierda o de derecha, siempre hay algún escape al más allá, pero literal, cruzando una frontera física en las narices de la autoridad. En este país, los códigos penales se multiplican como conejos: se modifican un 338 %, se crean delitos nuevos, se endurecen penas, pero los operadores jurídicos siguen confundiendo peculado con colusión, como si fueran ingredientes de una receta ancestral.
Recientemente, un coronel declaró estado de emergencia. Las calles se llenaron de soldados con fusiles de papel, y los derechos ciudadanos se guardan en cofres sellados con saliva. Nadie entiende la guerra, pero todos obedecen. Como en Macondo, donde Aureliano Buendía fabrica pescaditos de oro mientras el país continúa en llamas ante extorsionadores y el hampa común. Aquí los gobernantes tejen reformas que se deshacen al primer aguacero, pese a que en Lima nunca llueve, sólo garúa.
La Defensoría del Pueblo, que vive en una torre de cristal rodeada de expedientes sin resolver, descubre que la mitad de las denuncias por corrupción se archivan sin razón técnica. Pero nadie se escandaliza: están acostumbrados a que la justicia sea una mariposa que solo aterriza en los hombros de los inocentes.
El caso Odebrecht es una tormenta que ha dejado S/1400 millones de daño. Pero en los pueblos, la noticia llega sólo como un rumor: “Dicen que por cada millón robado, se perdió una escuela, un hospital, una esperanza.” Y así, el silencio se convierte en moneda de cambio, y el Estado en cómplice de su propia ruina.
Algunos sabios proponen una automirada: una introspección profunda, como la que hacen los chamanes antes de cruzar al otro mundo. Pero el Estado, que no tiene rostro ni memoria, se niega. Prefiere seguir reciclando sus errores como quien recicla botellas vacías para venderlas como vino nuevo. Emulan sin proponérselo al "cachinero" que pasa por las calles de los barrios gritando: ¡Compro fierro, catre, botellas, compro!
Y mientras tanto, el pueblo escribe en sus paredes: “Si no se mide, no se corrige. Y si no se corrige, se repite.” Como en los pueblos del Gabo, donde el tiempo es un círculo vicioso, en Perú la corrupción es un río que vuelve siempre al mismo cauce, con nuevos nombres, pero con el mismo barro. Como diría Vallejo: "La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios, curvado en tiempo, se repite, y pasa: pasa: a cuestas con la espina dorsal del Universo".
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UDI/FUNHI/JCR
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